Una reflexión acerca del desplazamiento forzado: Alberto Acevedo Vásquez
Una reflexión acerca del desplazamiento forzado
Por Alberto Acevedo Vásquez
Coordinador Nacional desplazados
Estimados amigos:
Reciban un cálido y afectuoso saludo de la Coordinación Nacional de Desplazados, un organismo no gubernamental de derechos humanos que tiene como misión primordial la ayuda y asistencia a núcleos de población víctimas del conflicto interno colombiano.
Esta Cumbre, que ya hunde sus raíces en la cultura y la historia colombianas, se planteó como un exorcismo a la intolerancia, a la violencia y al odio entre colombianos, es oportunidad propicia para tratar de establecer alguna relación posible entre el conflicto que ahoga en sangre a nuestro país y el mensaje poético que busca evitar que nos sigamos yendo por el despeñadero de la guerra.
A raíz de la posesión del actual presidente de los colombianos, el doctor Alvaro Uribe Vélez, un grupo de organizaciones humanitarias como la nuestra, realizamos un balance del comportamiento de los desplazados en el anterior cuatrienio, y encontramos las siguientes cifras, producto de un seguimiento juicioso a este fenómeno.
Desde el 8 de agosto de 1998 a mayo del 2002, se registraron 1.091.320 nuevos desplazados en el país. Además se produjeron un promedio de veinte muertes violentas cada día, originadas en razones sociopolíticas. De estas veinte muertes, cinco se produjeron en combates entre actores armados del conflicto y las restantes quince, la absoluta mayoría, en sus sitios de residencia o de trabajo, es decir, correspondieron a la población civil.
De las cifras de desplazamiento se tiene que en promedio, durante la administración del presidente Pastrana, mil personas cada día fueron arrojadas de sus parcelas de trabajo, si se trató de campesinos, o expulsados de sus hogares, de sus sitios de estudio o de trabajo, si se trató de población urbana. Esto arroja un promedio de 42 personas desplazadas cada hora, una familia colombiana cada diez minutos.
Tanto para los estudiosos colombianos como para los observadores extranjeros, está claro que el desplazamiento forzado de personas es una infracción al Derecho Internacional Humanitario, es uno de los elementos más dramáticos de la crisis humanitaria que vive el país. Esta figura está compuesta además por un conjunto de violaciones a los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la vida, al trabajo digno, a conservar tina vivienda, un hogar, al acceso a la educación, a la recreación y a la cultura.
De acuerdo al balance citado, en 1998 existían en el país 28 departamentos receptores de población desplazada. Para el año 2002, la cifra se había elevado a 36 departamentos receptores. Es decir, el fenómeno del desplazamiento había estremecido ya toda la geografía nacional. Según cifras suministradas por la Oficina en Bogotá del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el año 2001 se habían registrado desplazamientos de personas en 318 nuevos municipios.
A pesar de lo dramático de las anteriores cifras, las organizaciones que trabajamos en este medio, coincidimos en señalar que en manos del gobierno no ha existido, antes ni ahora, una política seria y coherente de atención al fenómeno del desplazamiento.
Durante el gobierno anterior, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo la administración supeditó la política de atención y/o prevención del desplazamiento a la evolución de las conversaciones de paz o a la disponibilidad de recursos provenientes de la cooperación internacional. Se creó un Sistema Nacional de Atención, que cinco años después no ha logrado operar en forma armoniosa, no logra desarrollar programas de atención de manera coordinada y muchas de las entidades encargadas no ejecutaron en su totalidad los programas especiales dirigidos a la población desplazada.
Bajo la administración del actual mandatario la situación tiende a empeorar. La Red de Solidaridad Social, el organismo gubernamental encargado de la asistencia primaria a los desplazados, viene desmontando gradualmente sus funciones. El presupuesto de funcionamiento de esta entidad se ha reducido en un 35 por ciento. Como ha sido reducido en general para todos los programas de asistencia social, de inversión social, de desarrollo o para la cultura.
Es decir, hoy no sólo hay menos dinero para las corporaciones de teatro, para los grupos de música y danza, para las orquestas sinfónicas, para el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá o el Teatro La Candelaria, para un largo etcétera de organizaciones sociales y culturales ,sin mencionar los déficits en los planes de vivienda, salud, empleo y recreación, sino que los recursos materiales destinados a la atención a la población desplazada también se han reducido drásticamente.
Ya ni siquiera se consiguen citas de odontología para las familias de los desplazados. La atención en salud no se presta por las organizaciones encargadas de la atención a los sectores víctimas del conflicto y se ha optado por la fórmula fácil de inscribirlos en los programas del Sisbén. Es decir, el Estado se descarga paulatinamente de la responsabilidad de atender a las viudas, los huérfanos y sobrevivientes de la guerra que él mismo alimenta.
La ayuda de emergencia para los núcleos de población que recién llegan a los centros urbanos receptores, se limita a entregar un mercado y alguna asistencia económica mínima durante tres meses, al cabo de los cuales, para el gobierno, la familia beneficiada pierde el carácter de desplazada.
De acuerdo a estadísticas de Planeación Nacional, la Red de Solidaridad Social ha cubierto con proyectos de generación de ingresos, sólo al 10 por ciento de la población desplazada. Por eso en Bogotá y otras ciudades, se ha venido generalizando el espectáculo aterrador de decenas de familias que, acompañadas de sus hijos famélicos, se estacionan junto a los semáforos, en las aceras de las principales avenidas, en parques, plazas o cinemas, con un cartelón solicitando la caridad de los transeúntes. Es decir, una buena parte de los desplazados han sido convertidos en mendigos por causa de la indolencia oficial.
El documento Conpes 3115, uno de los últimos dados a conocer con informaciones sobre la materia, indica que a 30 de noviembre de 2001, la ejecución total de los presupuestos de las entidades encargadas de la asistencia a población desplazada, fue del 54 por ciento; casi la mitad del presupuesto asignado no fue entregado a sus destinatarios, en contraste con el crecimiento vertiginoso del fenómeno en todo el país.
Otro aspecto débil en el enfoque gubernamental sobre este problema es el de la prevención. Prácticamente no hay políticas de previsión del desplazamiento. El Estado no actúa como garante para la población civil víctima del conflicto. No se sanciona a los responsables del desplazamiento forzado. Un sistema de alertas tempranas, donde las organizaciones defensoras de derechos humanos podrían advertir a las autoridades de amenazas de masacres, de crímenes selectivos de activistas sociales o de violaciones a los derechos humanos, ha sido también desmontado por la administración del actual presidente de los colombianos.
En estas condiciones, las organizaciones que prestamos asistencia humanitaria en esta área, nos pronunciamos resueltamente por el retomo de la población afectada a sus lugares de origen. Pero ese retomo debe ser concertado en primer lugar con las víctimas, y después con las organizaciones sociales que las representan. Este criterio nuestro es sustancialmente diferente a la política del gobierno que confunde retomo con reasentamientos de población.
Lo más dramático es que así como por ejemplo, en la conformación de ejércitos de informantes, antiguas formaciones paramilitares viven un proceso de reinserción en estas formas de colaboración, se sabe que el gobierno alienta o tolera asentamientos paramilitares en los que estos grupos fungirían de receptores de población desplazada. Lo que quiere decir que el retomo de familias no será a sus lugares de origen, el volver a su terruño, sino a los lugares que el gobierno designe, sin el acompañamiento de planes de empleo o de desarrollo. Algún observador de este asunto decía irónicamente, que parece que la política de retomo estuviera en manos del Ministerio de Transporte, porque en el mejor de los casos se reduce a financiar una caravana de buses a algún sitio apartado de la geografía nacional y hasta allí llega la responsabilidad del Estado.
No es nuestra intención abrumarlos con más cifras, hacer más desolador el panorama planteado en esta reunión. Al igual que ustedes, desde otra óptica de la cultura y el desarrollo nacional, creemos en una salida política al conflicto colombiano, como punto de partida eficaz a la solución del drama de los desplazados. Y sabemos que muchos colombianos son militantes decididos de la paz y de la esperanza.
Sabemos que un número mayor de colombianos, entre quienes se cuentan los trabajadores del arte y de la cultura, los hacedores de ensueños y de utopías, los artistas, los intelectuales, los poetas, trabajan con ahínco por la construcción de una patria más generosa y noble para el hombre colombiano. Por eso agradecemos la invitación a este escenario, conscientes de que los trabajadores del arte y la cultura en nuestro país, son extraordinariamente sensibles al drama de la violencia, al problema del conflicto que embarga a nuestro país y que abogan decididamente por una paz con justicia social, con reformas democrática avanzadas, que construyen la utopía de un país más generoso y noble para su gente.
Medellín, junio de 2003.
